En ASINTEX, nos complace anunciar un hito importante en nuestro compromiso con la calidad y la excelencia profesional. Hemos obtenido la certificación en la Norma UNE 420001, un reconocimiento que avala nuestro compromiso con la gestión eficiente y la mejora continua en el sector de asesorías y despachos profesionales.

¿Qué significa la certificación UNE 420001?

La Norma UNE 420001 establece un marco de referencia específico para la gestión de calidad en las asesorías y despachos profesionales, garantizando:

• Eficiencia en la gestión: Procesos optimizados para ofrecer un servicio ágil y preciso.

• Seguridad y confidencialidad: Protocolos estrictos para la protección de datos de nuestros clientes.

• Mejora continua: Implementación de estrategias de evolución y adaptación a los cambios normativos y tecnológicos.

• Atención personalizada: Un enfoque centrado en la satisfacción del cliente y en la solución de sus necesidades específicas.

Un compromiso con nuestros clientes

Esta certificación refuerza nuestra filosofía de ofrecer servicios de asesoramiento fiscal, laboral, contable y mercantil con los más altos estándares de calidad. Para nuestros clientes, significa contar con un equipo de profesionales que trabajan con metodologías auditadas y validadas bajo criterios de excelencia.

Mirando hacia el futuro

En ASINTEX, seguimos apostando por la innovación y la formación continua de nuestro equipo, asegurando que cada cliente reciba un servicio que no solo cumpla con sus expectativas, sino que las supere.

Agradecemos la confianza de nuestros clientes y colaboradores, y reafirmamos nuestro compromiso con la mejora constante y la excelencia en el sector de las asesorías profesionales.

Si deseas conocer más sobre nuestros servicios y cómo esta certificación mejora nuestra oferta, no dudes en ponerte en contacto con nosotros.

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Al objeto de determinar los rendimientos del capital inmobiliario, el artículo 23.1 de la Ley 35/2006 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas establece los gastos deducibles, que son objeto de desarrollo por el artículo 13 del Reglamento del Impuesto, aprobado por Real Decreto 439/2007.

Respecto de esta materia, se ha planteado ante la Dirección General de Tributos una Consulta Vinculante V2159-23, de 21 de julio de 2023, en la que se analiza un supuesto en el que los propietarios de un inmueble, ante el impago de las 3 últimas mensualidades por parte del arrendatario, interponen una demanda judicial.

Las concretas cuestiones que se plantean son las siguientes:

• deducibilidad de los gastos de abogado y procurador, e
• incidencia del importe de costas procesales, si el arrendatario es condenado a su pago.

Gastos de abogado y procurador

En la contestación, la Dirección General de Tributos afirma que el artículo 13 del Reglamento considera necesarios para la determinación del rendimiento, y en consecuencia, deducibles, entre otros, los gastos de defensa de carácter jurídico relativos a los rendimientos.

Por tanto, los gastos de abogado y procurador en los incurre el contribuyente en su demanda para el cobro del importe del alquiler son gastos deducibles, al objeto de la determinación del rendimiento neto del capital inmobiliario.

Costas judiciales

Respecto a las costas procesales, la incidencia tributaria se debe a que la parte vencedora restituya el gasto de defensa y representación en un juicio, constituyendo una ganancia patrimonial, conforme al artículo 33.1 de la Ley de IRPF. Dado que esta ganancia no procede de una transmisión, deberá integrarse en la parte general del impuesto.

En cuanto a su cuantificación, el TEAC, en su Resolución para la Unificación de criterio, de 1 de junio de 2020 (RG 06582/2019), concluye que el litigante vencedor (el arrendador) podrá deducir del importe que reciba en concepto de costas los gastos en que haya incurrido con motivo del pleito.

El importe deducible podrá alcanzar como máximo el importe que reciba, sin superarlo; con lo que, si se le resarcen todos los gastos calificables de costas, en puridad no habrá tenido ganancia patrimonial alguna.

No obstante, la DGT ha matizado que, dado que los gastos de abogado y procurador se consideran deducibles de los rendimientos íntegros del capital inmobiliario, el importe deducible por este concepto no puede incidir para determinar la ganancia patrimonial correspondiente a la indemnización percibida por condena en costas.

En consecuencia, si el arrendador ha minorado los gastos de abogado y procurador para determinar el rendimiento del capital inmobiliario, no podrá detraer tal importe de la ganancia patrimonial producida por la percepción de las costas.

Fuente: Asesor Excelente.

Texto revisado por Dña. Victoria Palomo. Inspectora de Hacienda del Estado. Asesora de la Unidad Central de Coordinación de delitos. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

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En principio, los contribuyentes en módulos repercuten el IVA igual que el resto de los contribuyentes, esto es, en factura. El matiz es doble:

• Por una parte, no tienen que emitir factura por sus operaciones, salvo en determinados casos, que vemos después.
• Por otra, el IVA que tienen que ingresar a Hacienda no es exactamente el que resulta de la suma de sus facturas, sino una estimación, que se hace con base en elementos objetivos, y que se supone que es aproximadamente equivalente.

¿Cuáles son las excepciones en las que tienen que emitir factura?

Hay dos clases de excepciones por las cuales los contribuyentes en módulos tienen que emitir facturas. La primera es la que corresponde a las actividades en las que la determinación de las cuotas devengadas se efectúe en atención al volumen de ingresos -por ejemplo, la ganadería intensiva, esto es, desvinculada de la explotación del suelo-, así como la venta de activos fijos, en ambos casos, por mandato expreso del artículo 3.1.c) del Reglamento sobre obligaciones de facturación (Real Decreto 1619/2012).

Asimismo, están obligados a emitir factura en cualquiera de los supuestos que se regulan por el artículo 2.2 del mismo Reglamento, la más importante de las cuales es la de los casos en que el cliente es otro empresario o profesional que necesita la factura para la justificación de un gasto o para deducir el IVA mismo que está en la factura.

¿Si el contribuyente en módulos emite factura tiene que ingresar ese IVA por separado?

Si el contribuyente en módulos emite factura tiene que ingresar ese IVA por separado en modo alguno. La emisión de la factura por sus operaciones es completamente ajena al resultado de la aplicación de los índices o módulos por el que se determinará el IVA devengado por su actividad. Dicho con otras palabras, en lo que al IVA (e incluso el IRPF) que tendrá que ingresar el contribuyente en módulos, emitir factura o no hacerlo es completamente irrelevante.

Entonces, ¿por qué hay contribuyentes en módulos que se resisten a emitir factura en sus operaciones?

Es de suponer que algunos contribuyentes se resisten a emitir factura por algún tipo de miedo a que Hacienda pueda cuestionar su forma de proceder. En todo caso, es importante insistir en que la cuota devengada por aplicación del régimen de módulos, o simplificado, que es como realmente se llama, no se ve afectada por la emisión de más o menos facturas.

¿El IVA documentado en estas facturas es deducible?

El IVA documentado en estas facturas es deducible, exactamente igual que el resto de cuotas soportadas por los empresarios o profesionales. No hay diferencia alguna a este respecto.

¿Hay alguna cosa más a considerar?

Algunos contribuyentes abusan de esta característica de nuestro sistema tributario e interponen sociedades entre la persona física que desarrolla determinadas actividades en módulos, transporte, por ejemplo, y sus clientes. La persona física factura un IVA a la sociedad, que tiene bajo su control, IVA que la sociedad se puede deducir y que no coincide con el que la persona física está ingresando a la AEAT, considerablemente menor, ya que esta está acogida al régimen simplificado y la facturación se lleva al máximo permitido. El ahorro es evidente.

Si AEAT detecta esta situación y la regulariza, como es su obligación, la cosa se puede poner bastante fea, ya que es más que probable que se aplique la sanción que despacha el artículo 201.3 de la LGT por emisión de facturas con datos falsos o falseados, que se sube a un 75% de los importes indebidamente facturados.

Fuente: Asesor Excelente.

Texto revisado por D. Francisco Javier Sánchez Gallardo. Economista, Doctor en Derecho, Inspector de Hacienda del Estado, Consejero de Finanzas de España en Brasil, Ex-Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central, Ex-Socio de KPMG y Ex-Subdirector General de IVA de la Dirección General de Tributos.

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En las operaciones vinculadas, la base imponible del IVA no siempre se ajusta al valor de mercado, a diferencia de lo que ocurre en el Impuesto sobre Sociedades. La normativa del IVA, específicamente el artículo 79.cinco de la Ley del IVA, establece que solo se aplicará el valor de mercado cuando un valor distinto genere ventajas para las partes involucradas. En este artículo analizamos las particularidades de estas operaciones, incluyendo el tratamiento de operaciones con empleados, la determinación del valor de mercado y los criterios establecidos por recientes sentencias del Tribunal Supremo, abordando también posibles conflictos en la aplicación de la norma tributaria.

A diferencia de lo que ocurre en el Impuesto sobre Sociedades o IS, en el IVA la base imponible únicamente se ajusta al valor de mercado de las operaciones cuando estas se realizan entre entidades vinculadas y un valor distinto da lugar a algún tipo de ventaja para las partes. Así lo establece el artículo 79.cinco de la Ley del IVA.

El supuesto más claro lo tenemos en los casos en que el destinatario de la operación no se puede deducir el IVA y la contraprestación es inferior al valor normal de mercado. Este menor valor da lugar a un menor IVA repercutido que cuando el cliente no se lo puede deducir le genera, obviamente, una ventaja. Un ejemplo evidente lo tenemos en entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas a bajo precio con los empleados.

¿Las operaciones con empleados se consideran como operaciones entre personas o entidades vinculadas?

Buena pregunta, en el IS no es así, pero en el IVA sí. El meollo de la cuestión es que el perímetro subjetivo de operaciones al que se puede aplicar la regla de valoración que acabamos de explicar es mayor en el IVA que en el IS, incluyendo las que se consideran como vinculadas a los efectos del IS, pero también otras, como las operaciones entre las empresas y sus empleados.

¿Y cuál es el valor que hay que tomar a estos efectos?

El normal de mercado, como la propia norma especifica, que lo define en términos equiparables a cualquier otra disposición sobre la materia. A falta de comparable, la Ley se remite a los costes. Finalmente, se citan las normas de valoración de las operaciones entre entidades vinculadas en el IS (aunque la referencia esté un poco anticuada).

Adicionalmente hay que tener en cuenta la sentencia del Tribunal Supremo de 4-11-2024, recurso 1749/2023, conforme a la cual para determinar el valor de los costes que integran la base imponible del IVA en este tipo de operaciones y, en particular, para la periodificación del coste de amortización de un bien de inversión, deben aplicarse los periodos contenidos en el artículo 107 de la Ley del IVA para la regularización de las cuotas correspondientes a bienes de inversión.

Lo anterior puede ser especialmente relevante en los arrendamientos de inmuebles, en los que el periodo de regularización en el IVA es bastante breve (10 años), debiendo imputarse el total de su coste en este periodo, lo que puede conducir a bases imponibles ciertamente elevadas.

¿Alguna cuestión adicional?

Sí, como casi siempre: no son pocas las ocasiones en que las operaciones entre entidades vinculadas en el IVA no aparecen por casualidad, sino que responden a estructuras en las que intervienen entidades que van a prestar servicios exentos (actividades educativas, sanitarias, arrendamientos residenciales, etc.) para los que necesitan inmuebles en cuya compra interponen entidades que los adquieren y se los ceden posteriormente. La deducción del IVA es inmediata. La repercusión a la entidad exenta es más demorada, aunque con la sentencia que acabamos de señalar, quizá ya no tanto.

El elemento adicional a considerar es la posibilidad de que la AEAT considere la estructura como un supuesto de conflicto en la aplicación de la norma tributaria y la discuta al amparo del artículo 15 de la LGT. En la sede electrónica de la AEAT hay varios informes al respecto que son de lo más ilustrativos.

Fuente: Asesor Excelente.

Texto revisado por D. Francisco Javier Sánchez Gallardo. Economista, Doctor en Derecho, Inspector de Hacienda del Estado, Consejero de Finanzas de España en Brasil, Ex-Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central, Ex-Socio de KPMG y Ex-Subdirector General de IVA de la Dirección General de Tributos.

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La Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ha emitido 3 sentencias (recursos de casación nº 948; 1633 y 1635/2023), en las que se establece el carácter vinculante para Hacienda del informe del Ministerio de Ciencia para la deducción fiscal por innovación tecnológica en el Impuesto sobre Sociedades.

De esto modo, se anulan las sentencias de la Audiencia Nacional que respaldaron los informes del Equipo de Apoyo Informático (unidad interna de la AEAT), y que contradecían el dictamen en materia de innovación tecnológica que había emitido el Ministerio de Ciencia e Innovación.

Caso concreto de las sentencias

En los casos de estas sentencias, las entidades contribuyentes aplicaron la deducción por innovación tecnológica, contando para ello con el informe motivado favorable del Ministerio, previsto en el artículo 35.4 del TRLIS.

Sin embargo, con posterioridad se iniciaron actuaciones de comprobación por la AEAT, que finalizaron mediante liquidación, en que la se regularizó el importe de la deducción, eliminando la totalidad de las cantidades declaradas como base de la deducción y, en consecuencia, neutralizando los importes de la misma.

Las liquidaciones administrativas fueron confirmadas por el TEAC y por la Audiencia Nacional, al considerar que la vinculación para la Administración tributaria de los informes motivados del Ministerio alcanza únicamente a la calificación de las actividades, pero no a la delimitación de la base de la deducción o a su cuantificación. De este modo, resultaría competencia de la Administración tributaria la comprobación de los gastos que pueden constituir la base de la deducción por innovación tecnológica.

Criterio del Tribunal Supremo

Para el Tribunal Supremo, el informe vincula a la AEAT, en todos sus aspectos, es decir, no sólo en lo referente a la calificación del proyecto como integrante de tal innovación tecnológica, sino también en las inversiones y gastos que, presentados por las empresas, hayan sido evaluados de forma positiva.

El principal argumento es que un dictamen de la Administración que reconoce un derecho (como el de del Ministerio de Ciencia) y que es vinculante por Ley para la Administración, no puede ser refutado mediante otro informe contrario de la propia Administración.

El Supremo reconoce que, en casos sumamente excepcionales de apreciación arbitraria o ilógica, puede existir tal contradicción; si bien, no resultaría aceptable la prueba autocreada en el seno de sus dependencias internas, sino que debería proceder de un órgano independiente de la AEAT o ser emitido por funcionarios que posean un margen de independencia o autonomía funcional que les haga imparciales en sus conclusiones, máxime cuando contradicen un informe vinculante.

Fuente: Asesor Excelente.

Texto revisado por Dña. Victoria Palomo. Inspectora de Hacienda del Estado. Asesora de la Unidad Central de Coordinación de delitos. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

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Con la llegada de estas fechas tan especiales, queremos tomar un momento para agradeceros vuestra confianza y apoyo a lo largo de este año. Ha sido un verdadero honor acompañaros en cada proyecto, reto y logro alcanzado.

La Navidad nos invita a reflexionar sobre lo importante: compartir momentos con nuestros seres queridos, valorar los pequeños detalles y mirar hacia el futuro con optimismo. Por eso, nuestro deseo para vosotros es que estas fiestas estén llenas de paz, amor y momentos inolvidables.

Para el 2025, os deseamos salud, éxitos y la realización de todos vuestros sueños. Seguiremos aquí, trabajando con la misma pasión y compromiso para ayudaros a alcanzar vuestras metas.

¡Felices fiestas de parte de todo el equipo de Asintex Consultores! ¡Que el nuevo año traiga consigo nuevas oportunidades y alegrías para todos!

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Los activos y pasivos por impuestos diferidos son elementos clave en la contabilidad y fiscalidad de las empresas, ya que reflejan las diferencias temporarias entre el resultado contable y la base imponible fiscal. Este artículo analiza en detalle su origen, las situaciones que generan su aumento o disminución, y cómo estas diferencias impactan en los estados financieros y en la liquidación del impuesto. Comprender estos efectos es esencial para gestionar de forma eficiente la tributación de las empresas, asegurando el cumplimiento normativo y optimizando la planificación fiscal.

Normativa del impuesto sobre sociedades

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades (LIS), en su artículo 10 establece la forma de determinar la base imponible del Impuesto sobre Sociedades (IS), en particular, se calcula corrigiendo, mediante la aplicación de los preceptos establecidos en la LIS, el resultado contable determinado de acuerdo con las normas previstas en el Código de Comercio, en las demás leyes relativas a dicha determinación y en las disposiciones que se dicten en desarrollo de las citadas normas. En definitiva, al resultado contable se practican ajustes positivos y negativoscuando la LIS disponga de criterios de calificación, valoración e imputación, diferentes a los establecidos en la normativa contable.

Estos ajustes fiscales pueden tener la condición de permanentes o temporales. Los permanentes afectan a la determinación del importe del gasto del Impuesto sobre beneficios del ejercicio, sin que tenga ninguna incidencia ni contable ni fiscal en ejercicios posteriores. Por el contrario, los ajustes fiscales de carácter temporal, aun cuando no afectan al importe del gasto contable del Impuesto sobre beneficios, sin embargo, tienen efectos fiscales pues los ajustes positivos y negativos suponen, respectivamente, un mayor o menor importe a pagar del IS del período impositivo al que corresponde y un menor o mayor, respectivamente, importe a pagar del IS del período impositivo en el que revierte el ajuste.

Por otra parte, de acuerdo con el artículo 15 LIS, no se integran en la base imponible los gastos o ingresos derivados de la contabilización del IS.

Normativa contable

En el ámbito contable, la cuenta 4740 “Activos por diferencias temporales deducibles” recoge los activos fiscales por diferencias que darán lugar a menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos sobre beneficiosen ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan.

En el ejercicio en que tiene lugar el ajuste positivo temporal se carga esta cuenta con abono a la cuenta 6301. En el ejercicio en que proceda su cancelación se abona esta cuenta con cargo a la cuenta 6301. El aumento de este activo se carga esta cuenta 4740 con abono a la cuenta 638. En el ejercicio en que tenga lugar la disminución de este activo se abona esta cuenta 4740 con cargo a la cuenta 633. El aumento de esta cuenta tiene lugar cuando el tipo de gravamen del IS aumenta en un período impositivo posterior al que existía en el período en que se originó. La disminución de esta cuenta tiene lugar cuando el tipo de gravamen del IS disminuye en un período impositivo posterior respecto al que existía en el período en que se originó.

La cuenta 479 “Pasivos por diferencias temporarias imponibles” recoge las diferencias que dan lugar a mayores cantidades a pagar o menores cantidades a devolver por impuestos sobre beneficios en ejercicios futuros, normalmente a medida que se recuperen los activos o se liquiden los pasivos de los que se derivan.

En el ejercicio en que tiene lugar el ajuste negativo temporal se abona esta cuenta con cargo a la cuenta 6301. En el ejercicio en que proceda su cancelación se carga esta cuenta con abono a la cuenta 6301. El aumento de este pasivo se abona esta cuenta 479 con cargo a la cuenta 633. En el ejercicio en que tenga lugar la disminución de este pasivo se carga esta cuenta 479 con abono a la cuenta 638. El aumento de esta cuenta tiene lugar cuando el tipo de gravamen del IS aumenta en un período impositivo posterior al que existía en el período en que se originó. La disminución de esta cuenta tiene lugar cuando el tipo de gravamen del IS disminuye en un período impositivo posterior respecto al que existía en el período en que se originó.

De acuerdo con el artículo 15 LIS, los cargos y abonos a la cuenta 5301 no se integran en la base imponible, así como los cargos y abonos a las cuentas 633 y 638, respectivamente.

Ejemplo

Una empresa de reducida dimensión tributa en el ejercicio 2024 al tipo de gravamen del 23%, de manera que al inicio de ese ejercicio realiza una inversión en un elemento de inmovilizado material por importe de 1.000 amortizable al 10%, que se acoge a la libertad de amortización. En el período impositivo 2026 pasa a tributar al tipo del 25%dado que la cifra de negocios de 2025 alcanza el millón euros.

En el período impositivo 2024 realizará un ajuste negativo temporal al resultado contable por importe de 900 para determinar la base imponible de ese período, por lo que registrará en la cuenta 479 un pasivo por diferencias temporarias imponibles por importe de 207 (900×0,23). El importe de este pasivo se determina de acuerdo con el tipo de gravamen del 23% aplicable a la entidad que, salvo prueba en contrario, es el que se considera aplicable en los ejercicios futuros en los que revertirá dicho ajuste. En el período impositivo 2025 debe realizarse un ajuste positivo de 100 que se corresponde con el gasto de la amortización, por lo que se cargará esa cuenta 479 por importe de 23 (100×0,23) con abono a la cuenta 6301.

Dado que en el período 2026 aumenta su tipo de gravamen, deberá abonar la cuenta 479 por importe de 16 (800×0,02) con cargo a la cuenta 633. Además, en cada uno de los períodos impositivos 2026 hasta 2033, cargará la cuenta 479 por importe de 25 (100×0,25) con abono a la cuenta 6301, correspondiente al ajuste positivo de 100 del gasto por amortización que no es fiscalmente deducible al haberse amortizado en su totalidad a efectos fiscales en el período 2024.

A efectos fiscales, no se integran en la base imponible del IS los abonos a la cuenta 6301 ni el cargo a la cuenta 633.

Nota: La solución de este ejemplo se realiza de acuerdo con la legislación del ISvigente en diciembre de 2024, por lo que esta solución puede verse afectada en el caso de que el tipo de gravamen del IS se modifique por alguna norma legal publicada con posterioridad a la realización de este ejemplo.

Fuente: Asesor Excelente.

Este artículo ha sido realizado en base a un estudio técnico cedido a Asesor Excelente por su autor: D. José Antonio López-Santacruz. Inspector de Hacienda del Estado, exsubdirector general del Impuesto de Sociedades en la Dirección General de Tributos y actual autor del MEMENTO PRÁCTICO  IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES de la editorial Francis Lefebvre.

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Se ha dictado por el TEAC una Resolución, en Unificación de criterio (RG 8822/2023), de fecha 21/10/2024, en la que se concluye que a la prestación contributiva por desempleo percibida en su modalidad de pago único le resulta aplicable la reducción para los rendimientos irregulares que contempla el artículo 18.2 de la Ley 35/2006 del IRPF, siempre que haya transcurrido un período previo de cotización superior a dos años.

No obstante, ha de recordarse que el artículo 7.n) de la citada ley contempla la exención para este tipo de prestación, bajo determinados requisitos.

¿Cuándo queda esta prestación exenta del impuesto?

De acuerdo con el artículo 7.n) de la LIRPF están exentas, cualquiera que sea su importe, las prestaciones por desempleo cuando se perciban en la modalidad de pago único establecida en el Real Decreto 1044/1985, de 19 de junio, siempre que las cantidades percibidas se destinen a las finalidades y en los casos previstos en la citada norma.

Los supuestos para los que se puede solicitar el pago único por desempleo son:

• La constitución de una sociedad laboral o la incorporación a una ya existente, como socio trabajador o de trabajo de carácter estable.
• La incorporación a una cooperativa, existente o de nueva creación, como socio trabajador o de trabajo de carácter estable.
• Aportación al capital social de una entidad mercantil de nueva creación o constituida en un plazo máximo de doce meses anteriores a la aportación, siempre que vayan a poseer el control efectivo de la misma, y a ejercer en ella una actividad profesional, encuadrados en el RETA o en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
• El inicio de una actividad como trabajador autónomo.

La exención queda condicionada al mantenimiento de la acción o participacióndurante el plazo de 5 años, en los 3 primeros casos, o al mantenimiento, durante idéntico plazo, de la actividad, en el caso del trabajador autónomo.

Reducción en caso de no quedar exenta

En aquellos casos, en los que la prestación por desempleo percibida en su modalidad de pago único no quede exenta, podrá aplicarse la reducción por plurianualidad del artículo 18.2 de la LIRPF, siempre que haya transcurrido un período previo de cotización superior a dos años.

De acuerdo con la Resolución del TEAC, en estos casos el periodo de generación ha de computarse desde el día en que el trabajador empieza a cotizar a la Seguridad Social hasta el día en que cesa la obligación de cotizar pasando a la situación legal de desempleo.

Es decir, que el derecho a la prestación por desempleo, aunque se perciba de una sola vez, tiene un período de generación que coincide con el tiempo de cotización acumulado por el trabajador y, en consecuencia, debe considerarse superior a dos años si el trabajador ha cotizado al menos ese tiempo.

Fuente: Asesor Excelente.

Texto revisado por Dña. Victoria Palomo. Inspectora de Hacienda del Estado. Asesora de la Unidad Central de Coordinación de delitos. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

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Especialmente en el ámbito familiar suelen darse estos supuestos de desmembración del dominio, ya sea por la constitución de un usufructo a favor del descendiente o bien por la transmisión de la nuda de propiedad a favor del mismo reservándose el progenitor el usufructo del inmueble.

En el presente caso, vamos a analizar las diferentes situaciones que pueden darse en estas situaciones de desmembración del dominio, así como la posterior transmisión a favor de un tercero.

La constitución de un usufructo sobre un inmueble

La constitución de un derecho de usufructo, vitalicio o temporal, sobre un inmueble genera en el propietario un rendimiento del capital inmobiliario que deberá valorarse a precio normal de mercado (artículos 6.5, 22 y 40.1 de la Ley 35/2006 del IRPF).

Si dicha constitución se ha efectuado a título gratuito, y así logra acreditarse, no procederá la presunción de onerosidad contenida en el artículo 6.5 de la Ley 35/2006 del IRPF, por lo que, en este caso, se aplicará la imputación del rendimiento neto previsto en los artículos 24 y 85 de la LIRPF durante cada uno de los años de duración del usufructo.

La transmisión de la nuda propiedad

En otras ocasiones, los padres deciden reservarse el usufructo y transmitir a favor de sus hijos la nuda propiedad, lo que determinará la existencia para aquéllos de una ganancia o pérdida patrimonial, que se determinará de acuerdo con los artículos 34 y siguientes de la Ley del impuesto.

Si se tratara de la vivienda habitual y el transmitente tuviera más de 65 años, podrá aplicarse a la ganancia obtenida la exención contemplada en la letra b) del apartado 4 del artículo 33 de la Ley del Impuesto (DGT CV0775-24).

En estos supuestos de transmisión de la nuda propiedad con conservación del usufructo, si con posterioridad se transmite el usufructo, además de la ganancia o pérdida patrimonial derivada de la transmisión de la nuda propiedad, se produce una nueva ganancia o pérdida, aunque el usufructo se transmita al nudo propietario.

Rentas obtenidas durante la situación de desmembramiento del dominio

En caso de arrendamiento de un inmueble, cuya nuda propiedad pertenece a una persona y el usufructo a otra, los rendimientos del capital inmobiliario derivados del arrendamiento del inmueble, así como en su caso la imputación de rentas inmobiliarias, deben atribuirse al usufructuario.

Transmisión de un inmueble por parte del nudo propietario y del usufructuario

En los casos de desmembración del dominio, cuando se transmite el inmueble, ambos, nudo propietario y usufructuario, obtendrán una ganancia o patrimonial en su respectivo IRPF.

El problema en estos casos, es que no existe en la Ley del impuesto una norma que determine el porcentaje del precio de venta que corresponde a la nuda propiedad y al usufructo, por lo que su respectivo valor es el importe real por el que se efectúe su transmisión, siempre que no sea inferior al normal de mercado (DGT CV1415-10).

Adquisición gratuita de los derechos anteriores

Con anterioridad, hemos tratado la constitución del usufructo o la transmisión de la nuda propiedad desde el punto de vista del constituyente o transmitente.

Tales negocios jurídicos, si se realizan a título gratuito, comportarán para el adquirente la obligación de tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.

Fuente: Asesor Excelente.

Texto revisado por Dña. Victoria Palomo. Inspectora de Hacienda del Estado. Asesora de la Unidad Central de Coordinación de delitos. Agencia Estatal de la Administración Tributaria.

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La autofacturación en el IVA es una opción poco habitual pero permitida en ciertos supuestos específicos, como los acuerdos entre proveedores y clientes. En este artículo, exploramos en detalle qué son estos acuerdos, los requisitos normativospara llevarlos a cabo, las características de las facturas emitidas de este modo y los aspectos clave que deben tener en cuenta los implicados para cumplir con sus obligaciones fiscales.

¿Se pueden emitir autofacturas en el IVA? Sí, aunque únicamente en determinados supuestos, el más común de los cuales es el de los acuerdos de autofacturación.

¿Qué es eso de los acuerdos de autofacturación?

Los acuerdos de autofacturación es una posibilidad que establece la normativa del IVA y que permite que, cuando así se acuerde, que las facturas por las operaciones se las emitan los propios clientes en lugar de sus proveedores, como sería lo normal. Lo más habitual es que se acuda a este procedimiento cuando el cliente es una empresa mayor que el proveedor, ya que el cliente tendrá normalmente un departamento de administración también mayor.

¿Cuáles son los requisitos para actuar así?

Los requisitos que establece el artículo 5.2 del Reglamento de facturación son los siguientes:

a) Debe existir un acuerdo entre quien realice las operaciones y su cliente por el que se autoriza la actuación de este modo, acuerdo que debe ser previo a la realización de las operaciones y especificar aquéllas a las que se refiera. Es habitual que este acuerdo sea una cláusula del contrato de suministro suscrito entre proveedor y cliente, no siendo necesario que se trate de un acuerdo “ad hoc”.

b) Las facturas así expedidas deben ser aprobadas por el empresario o profesional que realice las operaciones, siendo válido cualquier procedimiento que se establezca al efecto, incluyendo la aceptación tácita.

c) El destinatario de las operaciones que emita así las facturas deberá remitir una copia a su proveedor.

d) Estas facturas serán expedidas en nombre y por cuenta del empresario o profesional que haya realizado las operaciones que en ellas se documentan.

¿Cuáles son las características de las facturas que se emiten así?

De entrada, las facturas que se emiten de esta forma son facturas ordinarias, iguales al resto de facturas emitidas por el empresario o profesional que realiza las operaciones.

Existen, no obstante, dos matices importantes que hay que tener en cuenta: estas facturas se emiten en serie separada en todo caso y, además, en ellas hay que indicar que se trata de facturas emitidas por el destinatario de las operaciones.

Adicionalmente, hay que tener en cuenta que la responsabilidad por las obligaciones de facturación sigue correspondiendo al vendedor, por mucho que la factura la emita el cliente. En consecuencia, si hay cualquier problema con ella, será el proveedor quien responda por él.

¿Alguna cuestión adicional en relación con estas facturas?

Un par de cuestiones adicionales: si quien autoriza la emisión de factura por su cliente está en el SII, deberá presentar una declaración censal comunicando dicha opción, la fecha a partir de la cual se ejerce y, en su caso, la renuncia y la fecha de efecto (de ser así, el plazo para subir las facturas emitidas sube de cuatro a ocho días); asimismo, si el destinatario de las operaciones que emite las facturas no está establecido en la Unión Europea, Canarias, Ceuta o Melilla o en países terceros con mecanismos de cooperación administrativa equivalentes a los europeos, únicamente se podrá acudir a este procedimiento previa comunicación a la AEAT.

¿Se pueden emitir autofacturas en otras situaciones?

Sí, en caso de discrepancia en materia de emisión de facturas, resolución estimatoria del Tribunal Económico-Administrativo Regional competente y negativa a su ejecución por la contraparte. De esta cuestión, la de las reclamaciones económico-administrativas por disputas en materia de facturación, hablaremos otro día.

Fuente: Asesor Excelente.

Texto revisado por D. Francisco Javier Sánchez Gallardo. Economista, Doctor en Derecho, Inspector de Hacienda del Estado, Consejero de Finanzas de España en Brasil, Ex-Vocal del Tribunal Económico-Administrativo Central, Ex-Socio de KPMG y Ex-Subdirector General de IVA de la Dirección General de Tributos.